Texcoco, Estado de México.- Investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) están estudiando el aislamiento de péptidos en semillas de achiote para aumentar su valor y fomentar un desarrollo sostenible en las comunidades productoras de Tabasco. Este esfuerzo busca evitar que las semillas sean desechadas y, en su lugar, aprovechar sus posibles beneficios para la salud.
Ciudad de México.- El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), enfatizó la necesidad de actualizar el marco legal y procesal para la nulidad de elecciones presidenciales en México, alejándose del paradigma de los años 90 y protegiendo el proceso electoral de factores perjudiciales.
Durante su conferencia en el Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe, Ciudad de México, destacó que este es un desafío para la próxima legislatura, ya que se requiere una ley moderna que refleje los intereses de la ciudadanía, no solo de los políticos y sus partidos. .
De la Mata Pizaña señaló que la nulidad de una elección presidencial, aunque posible, es excepcional, ya que todas las elecciones presumen su validez. No obstante, nunca se ha declarado inválida una elección presidencial en la historia de México. Subrayó que la nulidad es factible si se demuestran conductas ilícitas o irregulares que influyen decisivamente en los resultados. Según la Constitución, las violaciones son determinantes cuando la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar es menor al 5%, cuando el 25% de las casillas sean anuladas o no se instalen, o si el ganador resulta inelegible.
El magistrado abogó por la implementación del voto electrónico para reducir errores humanos en el conteo. Además, reiteró que la Sala Superior del TEPJF es la única autoridad competente para declarar la validez o nulidad de una elección presidencial, basándose en el cómputo final y las impugnaciones resultados. Esta conferencia se llevó a cabo dentro del programa “La EJE va” de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF.
Por Samantha Páez, Guadalupe Juárez, Mario Galeana y Carlos Galeana
Alejandra* dice que esa noche tomó a sus dos hijos y salió corriendo con ellos porque la violencia de su esposo había llenado su hogar hasta el punto de no dejar espacio para nada más. El único asilo fue el departamento de su hermana, donde sus nueve habitantes se apretaron aún más para recibir a otros tres, pero eso era mejor que soportar otro día de abusos.
Meses después, contactó al Sistema Estatal DIF, el organismo de asistencia social para personas vulnerables en Puebla, y les presentó su caso: una mujer y dos niños desamparados por la violencia de género.
No se trata de una historia aislada, desde abril de 2019 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decretó la alerta de género en 50 municipios de Puebla. Esto obligó al gobierno del estado a implementar 45 medidas urgentes de prevención, seguridad y justicia para las víctimas.
Cinco años después, las autoridades locales sólo han cumplido con una de las 45 recomendaciones y las cifras de violencia entre 2019 y 2023 no han disminuido: 49 mil 535 mujeres sufrieron violencia familiar en este periodo y 205 fueron víctimas de feminicidio, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).
El DIF fue la entidad que más recursos recibió para implementar las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Entre 2020 y 2023, al organismo le fueron asignados 75 millones de pesos en las Leyes de Egresos del Estado de Puebla para llevar a cabo 11 acciones y apoyar a las mujeres más vulnerables.
Por esa razón, una trabajadora social visitó a Alejandra después de conocer su caso, le informó que podría ser beneficiaria de un programa que entregaba apoyos monetarios a mujeres en situación de violencia, pero no le dio más detalles. “Nada más te voy a emocionar y qué tal que al final el dinero no llega”, recuerda Alejandra que le dijo.
La trabajadora del DIF tuvo razón: el dinero nunca fue entregado a las mujeres que sobrevivieron a sus agresores. Esta es la historia sobre cómo este organismo desperdició la principal inversión del gobierno del estado para contener la violencia feminicida.
La caja fuerte del DIF Estatal
Por la mañana del 10 de agosto de 2020, el gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó la primera sesión del año del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SEPASEVM). Puebla, como el resto del país, se encontraba en contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19 y el confinamiento había derivado en un récord de casos de violencia familiar.
No era el lugar más apropiado para culpar a las mujeres de la violencia de género, pero así lo expresó de todos modos: “Muchas veces las mujeres –no todas– buscan un entorno que les es riesgoso. Y como son un grupo vulnerable, acaban sufriendo las consecuencias. Hay que cuidarlas como autoridad, hay que cuidarlas como sociedad y tienen que cuidarse más las mujeres”.
El gobierno del estado y el gobierno federal financian las acciones de la alerta de género, pero cada uno de estos fondos se utiliza de manera distinta.
Matilde Pérez, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, explica que mientras los recursos federales “tienen ciertos candados para que no se puedan usar en otra cosa que no sean proyectos elegidos a través de una convocatoria nacional”, los estatales se emplean de manera flexible y discrecional.
El DIF comenzó a recibir recursos estatales para la alerta de género desde 2020, durante el mandato del gobernador Barbosa.
Otras dependencias involucradas en el cumplimiento de la alerta no fueron tan beneficiadas, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva, encargada de diseñar la política pública para abatir violencia contra niñas y mujeres, que recibió 52 millones de pesos para 104 acciones entre 2020 a 2023.
Destacan tres de las 11 acciones encomendadas al DIF en estos dos planes:
La aplicación de un protocolo de atención integral a víctimas menores de edad directas e indirectas de violencia de género.
La publicación periódica de informes especializados sobre este fenómeno.
El acompañamiento jurídico, psicológico y médico de infancias en orfandad por feminicidio.
Sin embargo, no hay informes públicos que demuestren el cumplimiento de las acciones a su cargo, y para acceder al expediente donde se encuentran las evidencias que comprobarían la aplicación de los programas, la unidad de transparencia del DIF solicitó un pago de 144 mil 920 pesos, dos pesos por cada una de las 72 mil 480 hojas.
El dinero que nunca llegó
Hace dos años que Karla* peregrina entre oficinas de gobierno, juzgados y módulos de la fiscalía para enfrentar al padre de sus hijos y exigir una pensión alimenticia a quien la violentó. Desde finales de 2023 lo hace sin la asesoría de las trabajadoras sociales ni abogadas del DIF Estatal que alguna vez la acompañaron.
Varias veces las trabajadoras del organismo le dijeron que era candidata para recibir el apoyo económico de un programa para mujeres que habían sufrido violencia. Como Karla se mantiene elaborando juguetes por su cuenta, aquella posibilidad se convirtió en una esperanza: pensó que el dinero podría servirle para robustecer el negocio y sacar a sus hijos adelante mientras se resolvía el juicio de pensión alimentaria.
En 2022, el DIF Estatal dijo que creó dos programas para dar acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Durante este y el siguiente año, el organismo recibió 30 de los 75 millones de pesos del presupuesto de la alerta para implementarlos.
El primero, “Atención para los casos de violencia de género”, consistía en dar asesoría y contención a víctimas por parte de un grupo multidisciplinario de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas.
Mientras que el segundo, denominado “Fortalecimiento a la Mujer Poblana en Situación de Violencia”, proponía la entrega de apoyo económicos dirigidos a mujeres que necesitaban salir del círculo de violencia, mediante un soporte inicial de 25 mil pesos y un seguimiento de 5 mil pesos más durante los próximos tres meses.
Un requisito para ser beneficiaria del segundo programa es haber sido atendida antes en el de “Atención para los casos de violencia de género”.
Sin embargo, en enero de 2024, el DIF Estatal reconoció a través de una solicitud de información que no entregó ningún tipo de apoyo económico a las beneficiarias porque “no se cumplieron los requisitos”, a pesar de que atendió 388 reportes por violencia y brindó mil 172 servicios a 484 niñas y mujeres.
No se invirtió en ayudas a mujeres vulnerables, pero sí en vehículos y computadoras, cuyos costos son comparables a las que se usan para videojuegos o editar videos. Con los recursos del primer programa, el DIF Estatal gastó 3.3 millones de pesos en la compra de cinco camionetas Tiguan Volkswagen y 1.2 millones de pesos más para 22 laptops de casi 39 mil pesos cada una, cámaras, maletines y un videoproyector. También contrató a 25 personas durante diez meses por un total de 4.6 millones de pesos.
Los contratos de personal y de compras, entregados vía transparencia, justifican 9.1 de los 30 millones de pesos que el DIF sí ejecutó para cumplir con la alerta de género. El resto de los recursos no está comprobado.
Karla y Alejandra no recibieron un solo peso de estos apoyos, y tampoco recuerdan que el DIF les haya comunicado que no cumplían con los requisitos. De hecho, en diciembre de 2022, dos trabajadoras sociales llegaron a sus respectivos hogares solo para decirles que la posibilidad de recibir los apoyos se había esfumado.
La explicación que les dieron fue simple: por la muerte del gobernador Miguel Barbosa, ocurrida el 13 de diciembre de 2022, el programa había sido cancelado.
La alerta de género, en total oscuridad
Cuando Lucía* fue contratada como trabajadora social en el DIF Estatal, la recibieron con un voluminoso expediente que contenía información de 230 mujeres que habían sido atendidas por el organismo tras ser víctimas de violencia de género entre 2022 y 2023. Poco tardó en descubrir que, en realidad, el archivo era poco más que una recopilación inacabada de datos de mujeres de las que el DIF no sabía casi nada.
Los registros mencionaban que la mayoría había experimentado violencia psicológica, física, patrimonial y sexual, en ese orden de incidencia, aunque más de la mitad no recibió acompañamiento psicológico por razones personales. Pero no precisaban la edad del 43% de las mujeres, y la única conclusión certera en toda esa recopilación de historias es que la mayoría de los agresores habían sido parejas y ex parejas de las víctimas.
Lo que ese expediente sí señalaba es que 27 mujeres, entre ellas Alejandra y Karla, habían sido candidatas para recibir los apoyos económicos del organismo.
“Cuando las contacté, muchas decían que habían quedado de darles el apoyo, pero nadie las volvió a buscar. A otras fue imposible localizarlas, porque los expedientes estaban mal hechos, con datos incorrectos. Mis superiores me dijeron que, como no habían logrado ejercer el dinero a tiempo, lo habían regresado. Pero yo sinceramente creo que lo gastaron en otra cosa”, recuerda Lucía.
El DIF Estatal no ejerció 45 de los 75 millones de pesos asignados por el Congreso de Puebla y el Ejecutivo entre 2020 y 2023, según lo indican respuestas a solicitudes de información realizadas para este reportaje. Simplemente no realizó las gestiones para solicitar el recurso para la ejecución o terminó declarándose incompetente para llevar a cabo los programas.
Este fue el caso de la construcción de un refugio de sobrevivientes de trata de personas, para el cual el Poder Legislativo le asignó 15 millones de pesos en 2023. En julio de ese mismo año, el DIF dijo que no se encontraba en posibilidades de llevarlo a cabo y nunca fue construido, según consta en un oficio.
Los recursos que el DIF Estatal no ejerció fueron reunidos, junto con otros fondos, en el apartado de previsiones económicas del gobierno del estado, y debido a ello hoy “resulta inasequible identificar el destino final del mismo”, según reconoció la Secretaría de Planeación y Finanzas en una solicitud de información.
La comisionada ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla, Eira Zago Castro, explica que, a pesar de que los organismos y dependencias poseen la facultad de reorientar su presupuesto, la omisión de cumplir con los programas que les son asignados puede constituir una responsabilidad administrativa.
“Hacer o dejar de hacer puede implicar una responsabilidad para aquellos servidores públicos. Las preguntas más importantes son cuáles son las razones para no haber ejercido ese dinero y cuáles son las causas para reasignarlo, sobre todo en un tema tan sensible como el de la alerta de género”, apunta.
Mientras que el académico José Antonio Salazar Andreu agrega que no utilizar los recursos públicos, especialmente cuando están sustentados en el programa operativo anual de cada dependencia, como ocurre con el Programa Institucional del DIF, es tan grave como contraer deuda pública.
“Si el DIF tenía ese recurso y no lo ejerció, ahí hay una responsabilidad administrativa y tendría que haber una denuncia contra el o los servidores públicos correspondientes”, detalla el director de la carrera de Gobierno de la Universidad Panamericana.
De acuerdo con un reporte presentado a finales del año pasado por el gobierno del estado, uno de los “desafíos críticos” para acatar las recomendaciones de la alerta de género ha sido el “desconocimiento generalizado” del mecanismo de la alerta de género entre los enlaces de las dependencias, instituciones y municipios involucrados. Y atribuyen la falta de resultados a la “insuficiencia de recursos”, la “lenta curva de aprendizaje” y la rotación del personal involucrado.
Miranda Carballo, politóloga del ITAM e investigadora en temas de género, cree que el problema es aún más profundo.
“Desafortunadamente, muchas veces ni siquiera las mismas instituciones tienen conocimiento del porqué se les da el dinero. No tienen un plan de trabajo, no saben muy bien qué van a hacer y usan los recursos nadie sabe bien en qué, porque ni siquiera desglosan las actividades para lo cual los usaron”, dice.
Los "electricistas" del DIF
Durante la mañana del 2 de junio de 2019, el día de las elecciones extraordinarias en las que Miguel Barbosa fue electo gobernador de Puebla, decenas de taxis y vehículos aparcaron hasta en triple fila en una colonia al sur de la capital. Mientras se realizaba una especie de pase de lista entre los choferes, en el sitio apareció la entonces diputada de Morena, Leonor Vargas Gallegos.
Era la típica escena de acarreo que precedía una jornada electoral, y quedó registrada por una cámara. Con la fotografía como prueba, el PAN denunció a Vargas ante la Fiscalía General de la República por presunta compra de votos, retención de credenciales y acarreo de votantes. Unas horas después, el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, salió en su defensa.
“Ya vi la foto, ‘ora resulta que no puede uno ni tomar un taxi. Yo les garantizo que ninguno, mucho menos alguien como la diputada Leonor Vargas, haría algo así”, dijo a la prensa.
Dos meses más tarde, instalado en el gobierno del estado, Barbosa nombró a Leonor Vargas directora del Sistema Estatal DIF.
Y, como dicta la tradición política en México, la esposa de Barbosa, Rosario Orozco Caballero, asumió la presidencia del Patronato del DIF, un cargo honorario que suele otorgarse a las parejas de los alcaldes, presidentes y gobernadores del país, y que posee atribuciones para sugerir cambios en los planes y la manera en que se ejerce el presupuesto del organismo.
En el transcurso de 2019 a 2022 se afianzó en el DIF una estructura política ligada a Barbosa y Biestro, quien intentó –sin éxito– convertirse en candidato a la alcaldía de Puebla en 2021.
Esa estructura política estuvo integrada por:
Las dos funcionarias clave responsables de manejar los recursos asignados al DIF para la alerta de género fueron Leticia López y Amayrani Monserrat Rojas, pues los convenios para llevar a cabo los malogrados programas de la alerta de género, así como las sucesivas reasignaciones de recursos con las que la Secretaría de Planeación y Finanzas pudo reorientar esos fondos para otros fines, llevan la firma de ambas.
En este periodo, el DIF Estatal sancionó a dos personas por faltas “no graves”, y ninguna de ellas fue Leticia López o Amayrani Rojas. La segunda, de hecho, sigue ostentando el mismo cargo directivo dentro del organismo.
En junio de 2023, Leonor Vargas y Leticia López fueron removidas de sus cargos en el organismo y, hasta el cierre de este reportaje ninguna accedió a dar su versión sobre el manejo de los recursos de la alerta de género.
La ex directora general del DIF zanjó el asunto en una entrevista telefónica: “No puedo yo dar información de una dependencia en la que ya no estoy. (El programa de la alerta) lo iniciamos nosotros, pero hay un seguimiento, ahí están todos los antecedentes, el personal que es responsable de esa área y ellos les pueden atender cualquier duda”, dijo.
Alejandro Cortés Carrasco, actual titular del organismo, también rechazó dar cualquier comentario para esta investigación. Lo mismo ocurrió con Juan Carlos Moreno Valle Abdala, Secretario de la Función Pública, a quien corresponde el monitoreo y evaluación de la gestión del gasto público.
Leonor Vargas aterrizó en la Secretaría del Trabajo, donde Gabriel Biestro despachó como titula r desde enero de 2022 hasta febrero de 2024, tras su fallido intento por convertirse en candidato a la presidencia municipal de Puebla.
Además de ella, en la Secretaría del Trabajo también fueron recontratados:
Si algo les distingue es que se trata de un grupo compacto y activo: Gabriel Biestro, Leonor Vargas y la mayoría de ellos trabajan hoy en la operación política de la campaña de José Chedraui Budib, candidato de Morena a la alcaldía de Puebla.
¿Fin al gasto a discreción?
Hasta el año pasado, cada dependencia decidía cómo usar el presupuesto de la alerta debido a una ambigüedad en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Según Mónica Silva Ruiz, diputada local y ex titular del Instituto Poblano de las Mujeres, cada dependencia actuaba por separado y reportaba sus acciones a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que luego informaba a la Secretaría de Gobernación y ésta a la Conavim.
A partir de 2024, una reforma presentada por Silva asigna exclusivamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva la administración de los fondos estatales para la alerta.
“Hoy este dinero está concentrado en la R016 (también conocido como Programa de Acción para Atender las Medidas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres), que ha sido un compromiso del Ejecutivo de que el dinero no se va a mover, no se va redireccionar para cualquier otra cosa que no sea el cumplimiento de la alerta”, abunda Silva.
Tomó casi cuatro años para que las autoridades en Puebla remendaran, al menos en teoría, este vacío jurídico. Tiempo suficiente para que la principal inversión de recursos para prevenir la violencia de género se diluyera en reasignaciones y gastos injustificados.
Mientras tanto, Alejandra y Karla siguen enfrentando a sus agresores. Lo hacen solas, con sus propios medios, pues del Estado sólo recibieron promesas.
* Los nombres fueron modificados para resguardar su identidad.
Nota del equipo: Esta investigación comenzó en 2022, cuando una fuente reveló que ese año se habían asignado 15 millones de pesos al DIF estatal para la alerta de género. Desde entonces y hasta mayo de 2024, hemos realizado 67 solicitudes de información y revisado 74 documentos públicos, incluyendo contratos, leyes de egresos, planes de acción, convenios de colaboración, normativas institucionales, informes de resultados y oficios varios. A lo largo de este proceso, hemos constatado el gran desafío que implica el acceso a la información pública: dilaciones y contradicciones en las respuestas a las solicitudes, omisiones de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados y cobros excesivos para obtener archivos públicos. Estos obstáculos no solo dificultan las investigaciones periodísticas, sino también el ejercicio de los derechos humanos.
“Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)”.
La publicación de la información se realizo con la autorización expresa de manati.mx
Recursos Gráficos: Sandy Limón
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