- Mientras el conflicto sigue sin resolverse, la población enfrenta día a día las consecuencias de un ecocidio tolerado por quienes deberían prevenirlo.
Otumba, Estado de México.- En medio de los ejidos de Tepachico y San Martín Ahuatepec, colindante con la colonia Jacarandas, un terreno de dos hectáreas funciona como depósito irregular de residuos desde el inicio del mandato del alcalde priista Hilarión Coronel Lemus. La comunidad alerta que este sitio, sin permisos ni manejo ambiental, recibe diariamente toneladas de desechos peligrosos —desde llantas y plásticos hasta restos hospitalarios y animales en descomposición—, convirtiéndose en un riesgo latente para la salud pública y los ecosistemas locales.
Emergencia ecológica y denuncias ciudadanas
Vecinos reportan que el vertedero, expuesto a cielo abierto, emana gases tóxicos, atrae plagas como roedores e insectos, y aumenta el riesgo de brotes de enfermedades respiratorias y dermatológicas. Advierten, además, que la infiltración de líquidos contaminantes podría afectar los acuíferos de la región, ya que no existe infraestructura para contener lixiviados. “La basura se apila sin control; ni siquiera la cubren con tierra”, denunció un residente.
Negocio opaco y responsabilidades políticas
Pedro Ramírez Aragón, titular de Servicios Públicos y Panteones, sería el operador del lugar, que recibe al menos 30 toneladas de basura diarias —transportadas en camiones tipo tortón desde Otumba, Acolman y otros municipios—. Según cálculos de la población, se cobra entre 2,500y2,500y3,000 por descarga, lo que generaría ganancias mensuales superiores a $450,000, sin claridad sobre su destino. “Exigimos transparencia: ¿este dinero llega al municipio o beneficia a particulares?”, cuestionaron.
Incumplimiento de autoridades ambientales
A pesar de que la PROFEPA clausuró el predio en enero de 2024 por carecer de autorizaciones y medidas de mitigación, los operadores retiraron los sellos de clausura sin consecuencias legales visibles. Los habitantes también rememoraron un incendio en 2022 que expuso la negligencia en el manejo de riesgos: “El fuego duró un día entero y nadie asumió responsabilidades”, señalaron.
Movilización social y silencio institucional
Ante la indiferencia del gobierno municipal, que evade explicar la procedencia del terreno y el flujo de recursos, los afectados planean protestar frente al palacio municipal para exigir la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. “El alcalde prioriza intereses ajenos al bien común”, acusaron.
Marco legal violado
El sitio continúa operando pese a infringir la Ley General de Salud y la NOM-083-SEMARNAT-2003, que establecen criterios para el manejo seguro de residuos. Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las irregularidades denunciadas, profundizando la desconfianza ciudadana en las instituciones.
Mientras el conflicto sigue sin resolverse, la población enfrenta día a día las consecuencias de un ecocidio tolerado por quienes deberían prevenirlo.
