Ciudad de México.- La magistrada Janine M. Otálora Malassis, perteneciente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), enfatizó que los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos no deben estar sujetos a las agendas políticas de quienes detentan el poder. En su lugar, subrayó que estos derechos son inalienables y deben ser protegidos independientemente de los cambios en el panorama político del país.
Durante su participación en la conferencia magistral "El acceso a la justicia para grupos históricamente marginados", como parte de la Jornada por la defensa de los derechos político-electorales, la magistrada destacó el papel crucial de la justicia electoral en remediar cualquier vulneración o violación de estos derechos.
Además, resaltó la importancia de garantizar un acceso equitativo a la justicia electoral mediante la creación de la Defensoría Pública Electoral, que proporciona asistencia legal gratuita y altamente profesionalizada. Otálora señaló que este acceso no puede ser un privilegio exclusivo y debe estar disponible para todos los ciudadanos.
En un diálogo con representantes de organizaciones de la sociedad civil, junto con la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Guadalupe Silva Rojas, enfatizó que los grupos históricamente discriminados en el país aún enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos político-electorales debido a la resistencia de actores privilegiados.
Asimismo, reconoció el papel fundamental de la Defensoría Pública Electoral en la promoción de la participación política de los pueblos indígenas y comunidades marginadas, así como en la defensa de los derechos de género y enfoque interseccional.
Durante la jornada, organizada por la Defensoría Pública Electoral del TEPJF bajo la dirección de Marina López Santiago, se llevaron a cabo mesas de análisis sobre las acciones de las instituciones electorales frente a la discriminación histórica y los desafíos pendientes para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos político-electorales de personas en situación de vulnerabilidad.
