Toluca, Estado de México.- Con el objetivo de asegurar un proceso electoral tranquilo, la legisladora Ana Lilia Herrera Anzaldo, representante del Estado de México, propuso un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, en el cual insta al gobierno estatal a tomar medidas para detener la violencia generalizada en la región, proteger la seguridad de los candidatos y candidatas, y llevar a cabo acciones preventivas en colaboración con el Instituto Estatal Electoral.
En nombre del grupo parlamentario del PRI, Herrera Anzaldo señaló que el inicio de las campañas electorales conlleva la presencia de riesgos para la democracia, como la violencia.
La violencia en México, explicó, es un problema persistente que ha afectado la estabilidad y seguridad del país. Según datos del INEGI, en su informe más reciente con datos preliminares, entre enero y junio de 2023, se registraron 15 mil 082 homicidios en México, con una tasa de 12 homicidios por cada, 100 mil habitantes a nivel nacional.
La legisladora mencionó que en 2022 las cifras fueron igualmente alarmantes, con 33,287 defunciones por homicidio reportadas al final del año, de las cuales casi el 10% ocurrieron en el Estado de México.
Herrera Anzaldo destacó la importancia de frenar la violencia, especialmente de cara a las elecciones de 2024, donde se renovarán numerosos cargos en el Estado de México, incluyendo presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, diputaciones locales, así como la elección presidencial, diputaciones federales y senadurías.
Es crucial, enfatizó, tomar medidas para mitigar el riesgo de más violencia y proteger la seguridad de los candidatos, la integridad del material electoral y las instalaciones, con el fin de garantizar unas elecciones seguras. Los actos de violencia, subrayó, tienen un impacto negativo en el proceso democrático.
Se necesita una respuesta decisiva por parte de las autoridades, concluyó Herrera Anzaldo, enfatizando la importancia de promover una cultura de respeto, diálogo y tolerancia para fortalecer la democracia y asegurar la seguridad de quienes participan en el proceso electoral sin temor a represalias.
