Ciudad de México.- En entrevista, Rasema Alcántara Ayala, investigadora y exdirectora del Instituto, hizo hincapié en que el Consorcio Internacional de Deslizamientos de Tierra, fundado en la Universidad de Kioto, Japón, revalidó la certificación del Instituto el pasado noviembre durante una reunión en Italia. La entidad universitaria había obtenido su primera certificación en 2011.
Alcántara Ayala expresó su preocupación por el creciente número de deslizamientos de tierra y los consiguientes desastres asociados en las últimas décadas. Según la base de datos internacional EM-DAT, se registraron 842 eventos entre 1900 y 2022, resultando en la pérdida de más de 72 mil vidas y afectando a aproximadamente 14.8 millones de personas. La investigadora señaló que estas cifras representan un promedio anual de 121 mil individuos afectados, aunque advirtió que estas estadísticas subestiman el impacto real al no incluir eventos pequeños o medianos.
Alcántara Ayala resaltó que el 97.3% de los 842 desastres ocurrieron después de 1950, durante el Antropoceno. Subrayó que el promedio anual de deslizamientos antes de 1950 era de 0.43, en comparación con el promedio actual de 11 por año. Aunque no hay cifras exactas sobre los costos, se estima en 23,440 millones de dólares durante ese período, aunque la científica sugirió que esta cifra subestima la realidad.
La investigadora explicó que los deslizamientos ocurren principalmente en laderas inestables y son desencadenados por factores geológicos, hidrológicos, climáticos y actividades humanas como la deforestación y la construcción. La urbanización en laderas susceptibles es un factor significativo.
Para abordar esta problemática, Alcántara Ayala destacó la importancia de los sistemas de alerta temprana, que integran instrumentación, monitoreo, identificación de umbrales y comunicación con la comunidad. Sin embargo, señaló que la implementación de estos sistemas enfrenta obstáculos en países en desarrollo, como el vandalismo, la inaccesibilidad y la falta de interés de las autoridades locales.
En cuanto a México, los académicos resaltaron la necesidad de establecer vínculos entre la ciencia y la política pública, mejorar la comunicación y fortalecer las capacidades. Afirmaron que el mayor desafío es la falta de colaboración entre la academia, las autoridades y las comunidades.
Finalmente, Alcántara Ayala sugirió concentrar esfuerzos en la planificación, el ordenamiento territorial y la adopción de prácticas científicas y tecnológicas para prevenir la construcción de nuevos riesgos. Remarcó que, a pesar de la identificación de áreas propensas, la instalación de instrumentación y monitoreo debe dirigirse a laderas específicas.
