Ayuntamientos deben respetar derecho de vía en límites territoriales: Elba Aldana
- Respeto a derecho de vía puede ayudar a evitar conflictos limítrofes o solucionar diferendos
Toluca, Estado de México.- Integrantes de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura local aprobaron un punto de acuerdo presentado por la diputada Elba Aldana Duarte, y dirigido a los 125 ayuntamientos para que respeten y conserven el derecho de vía en la franja que une a los territorios de cada municipio colindante, de acuerdo a los límites territoriales intermunicipales histórica y jurídicamente reconocidos.
Precisó que el derecho de vía debe ser tomado en cuenta por las autoridades municipales como un mecanismo de prevención que puede ayudar a evitar conflictos limítrofes entre los municipios que colindan, conservando de esta manera la demarcación histórica y jurídicamente instaurada.
Sin embargo, la diputada de Morena refirió que de no poder evitarse controversias limítrofes entre los municipios colindantes, que este derecho de vía reconocido anticipadamente sirva como base para facilitar la ejecución del Decreto correspondiente mediante el cual se hubieran fijado o precisado límites territoriales entre dos o más municipios involucrados, derivado de la sustanciación de un proceso para celebrar convenios de reconocimiento de límites territoriales intermunicipales o, en su caso, para solucionar diferendos limítrofes intermunicipales.
“Esta medida es con el propósito de poder garantizar o preservar la seguridad y la paz social entre las personas que residen en las diferentes superficies territoriales que componen o integran un diferendo limítrofe intermunicipal, así como de las personas servidoras públicas de uno u otro ayuntamiento de cualquier municipio interviniente”, señaló en su propuesta.
El punto de acuerdo establece que el Poder Legislativo del Estado de México es el responsable de resolver las diferencias que susciten sobre los límites territoriales entre los municipios que resulten intervinientes, puesto que las y los Diputados al ser representantes populares legítimos encarnan y reivindican, mediante la sustanciación de un proceso de naturaleza política, pero seguido en forma de juicio, la opinión respecto de la definición de una o varias porciones del territorio mexiquense y de su pueblo.
Asimismo, Aldana señaló que cuando se hace alusión a una línea divisoria de carácter intermunicipal, se debe atender a un elemento más que no puede ser soslayado, el cual deriva directamente de ella, ya sea de forma anticipada o de manera posterior, en la etapa de ejecución de un decreto que haya fijado o precisado límites territoriales entre dos o más municipios, es decir, debemos poner o centrar nuestra atención en el derecho de vía.
“En este sentido, es relevante tener presente que los derechos de vía, en términos generales, hacen referencia a la franja de terreno necesaria para la construcción, conservación, ampliación, protección y uso adecuado de una vía de comunicación como vialidades, carreteras, entre otros, de una tubería, por ejemplo, ductos para el tránsito de hidrocarburos o de la infraestructura de distribución de energía como los postes de electricidad o de energía eléctrica”, puntualizó.
Al existir tal derecho de vía en cada línea limítrofe sería también más fácil el traslado de la población, la implementación de obras por parte de todos órdenes de gobierno para infraestructura y la prestación de diferentes servicios públicos municipales indispensables para los hogares de las personas que habitan en la zona limítrofe intermunicipal correspondiente.
“Es deber de todos los municipios, por conducto de sus órganos de gobierno –los ayuntamientos– procurar la conservación de sus límites territoriales histórica y jurídicamente reconocidos, preservando un cierto y legal derecho de vía al que las propias autoridades doten del correcto mantenimiento y señalización”.
De esta forma, subrayó se puede facilitar el libre tránsito de las personas mexiquenses, usuarias de cualquier vía de comunicación disponible, propiciando de este modo la oportunidad de ejecutar la construcción de vías de comunicación, garantizando así, de manera prioritaria, el derecho de movilidad con el que cuentan las y los mexiquenses.